Con motivo de la reforma fiscal aprobada para 2017 en el estado de Nuevo León, entraron en vigor diversas modificaciones y adiciones a las Leyes de Hacienda del Estado y de los Municipios y el Código Fiscal del Estado, particularmente en esa fecha entraron en vigor los Decretos que modifican los valores unitarios del suelo para el cálculo del impuesto predial en los municipios de la entidad.

En los referidos decretos se incrementaron los valores unitarios del suelo para el cálculo del impuesto predial de los municipios del área metropolitana, en algunos más excesivos en comparación con otros, sin embargo no deja de ser un incremento considerable.

En relación con lo anterior, al haberse modificado las referidas tablas de valores unitarios, nos confiere derecho a impugnarlas mediante juicio de amparo, estas modificaciones y todo lo relacionado con ese sistema normativo que nos cause afectación en cuanto a su aplicación.

El impuesto predial se establece en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado al decirse que la contribución será a cargo de los propietarios o poseedores del suelo y sus construcciones.

Ahora bien, conforme a dicha ley, el monto del impuesto se determinará aplicando las “tablas de valores unitarios” del suelo o, en su caso, de construcción que hayan sido aprobadas previamente por el Congreso del Estado.

Al respecto, la Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre  la inconstitucionalidad de dichas “tablas de valores unitarios” de suelo y construcciones, por contravenir el llamado “principio de legalidad tributaria”, “proporcionalidad tributaria”, así como por su falta de fundamentación y motivación legal, lo que consideramos también se da en esta ocasión.

Nuestra firma ha detectado que el referido impuesto se contrapone a los principios constitucionales que la Suprema Corte ya ha definido, por lo que a fin de que no se vean afectadas por las disposiciones que establecen este impuesto, ponemos a sus órdenes a nuestro equipo de especialistas a fin de hacer efectivo su derecho de defensa ante tales disposiciones inconstitucional.

Derivado del estudio que nuestros especialistas han realizado al referido impuesto, se encontraron diversos puntos de inconstitucionalidad que serian la base para presentar el medio de defensa.

En Pérez Góngora y Asociados consideramos que es importante defender nuestros derechos humanos y hacer valer nuestras garantías constitucionales, contra los abusos y excesos de la Administración Pública.

Razón por la cual, por medio del presente nos ponemos a sus órdenes a efecto de interponer la demanda de amparo ante los Tribunales Federales en contra del pago del impuesto mencionado, esto a fin de hacer valer sus derechos contra el franco desacato a las garantías de seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributaria.

El servicio de impugnación consiste en la elaboración, presentación y seguimiento por nuestros abogados del Juicio de Amparo Indirecto ante los Juzgados de Distrito en contra del ilegal pago de este impuesto, y de ser necesario, el Recurso de Revisión ante los Tribunales Colegiados, así como los demás escritos requeridos, hasta la obtención de la sentencia definitiva.

Las disposiciones se reclamarán con motivo de su primer acto de aplicación, contándose con 15 días hábiles para la presentación de la demanda, mismos que se cumplen el día 20 de Febrero de 2017, en caso de pagarlo el día 31 de Enero de 2017.

Si usted tiene interés en este amparo que estamos manejando, el personal de la firma con gusto se pondrá en contacto con Usted para agendar una cita, y explicarle las ventajas y beneficios de defender sus derechos.

Cabe señalar que contamos con una experiencia de 30 años de dedicación a la consultoría y defensa fiscal, tiempo en el que hemos obtenido un sinnúmero de resoluciones a favor de nuestros clientes, al acreditar las violaciones a la Constitución cometidas por las disposiciones fiscales.

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