Si bien algunos analistas se centran en la cifra del déficit “presupuestal” para calificar la salud financiera del sector público federal, el cual se proyecta del orden del 3.6 por ciento del PIB para 2023, alcanzando niveles que en muchos años no se veían, la verdadera magnitud del sobregiro en el gasto del sector público federal, se revela por los requerimientos de financiamientos para sufragar no solo el déficit presupuestal, sino también el déficit fuera del presupuesto, así como la colocación de deuda para sufragar la intermediación financiera de la Banca de Desarrollo, los requerimientos de deuda del IPAB, que por cierto, esta deuda NO se contabiliza dentro de la deuda pública, y otra deuda tampoco registrada, como la del Fideicomiso del rescate carretero FARAC.

Es por eso, que en el artículo 2 de la Ley de Ingresos, se plasma de manera explícita la solicitud al Congreso para aumentar la deuda pública neta (neta de amortizaciones, no de “disponibilidades” en caja), y para 2023 suma la cantidad de $1,335.5 miles de millones de pesos, equivalentes al 4.5 por ciento del PIB proyectado, mismo que como se analiza más adelante, difícilmente podrá alcanzar ese crecimiento, y hablaríamos de un mayor cociente Deuda/PIB.

Pasando ahora a analizar los supuestos macroeconómicos con los que se proyectan los valores de las finanzas públicas para 2023, hay consenso entre los analistas independientes, en que son excesivamente optimistas e inalcanzables, y lejos de servir para normar expectativas favorables en los agentes económicos, solo abonan a un mayor descrédito público.

Si bien ya en ocasiones anteriores la Secretaría de Hacienda ha modificado la metodología tradicional para determinar y presentar los supuestos macroeconómicos, principalmente del crecimiento real del PIB, este año, definitivamente, presentan cálculos poco creíbles que pierden ya la poca credibilidad de las cifras “oficiales”.

Como las proyecciones de los ingresos se realizan con base en una estimación puntual del crecimiento del PIB esperado para el siguiente año, la metodología tradicional incluye determinar una estimación baja o mínima de crecimiento esperado, y otra alta o máxima, cuya diferencia tradicionalmente ha sido de un punto porcentual.

Por ejemplo, para el cierre de este año, estiman que el crecimiento real del PIB se ubique puntualmente en un 2.4 por ciento, porcentaje que se obtiene de promediar los valores mínimo y máximo esperados, que son de 1.9 y 2.9 por ciento de crecimiento, apegándose a la metodología tradicional de un punto porcentual de variación.

Sin embargo, para 2023, presentan un rango de crecimiento mínimo del PIB real de un 1.2 por ciento, y un crecimiento máximo de 3.0 por ciento, aumentando la variación de un punto a 1.8 puntos porcentuales (80 por ciento más) y lo más inverosímil del asunto, es que la estimación puntual, en lugar de ser el promedio de ambas cifras, la determinan igual al límite máximo de 3.0 por ciento, sin base metodológica alguna.

Usualmente, las proyecciones de ingresos se hacen con base en el crecimiento puntual esperado del PIB, atendiendo a la elasticidad-PIB, principalmente para los ingresos tributarios.

De tal suerte, sobre estimar el crecimiento del PIB para 2023, conlleva también a sobre estimar los ingresos tributarios proyectados, y por ende, sub estimar el déficit presupuestario y las necesidades de financiamiento.

Pasando ahora a analizar las estimaciones de ingresos tributarios para el cierre 2022, que son la base de crecimiento para 2023, se tiene que, excluyendo los IEPS a las gasolinas, los estiman $458.5 mmp, superiores con relación a los ingresos tributarios aprobados en Ley de Ingresos, lo que representa una recaudación adicional del 12.6 por ciento nominal, a pesar de que el crecimiento del PIB lo reducen de 4.1 por ciento original, a solo 2.4 por ciento que estima de cierre para 2022.

De tal suerte, los ingresos tributarios proyectados para 2023, excluyendo los IEPS a las gasolinas, presentan al menos dos fuentes de sobre estimación, una, la elevada base que estiman de cierre para este año, y otra, el optimista crecimiento real del PIB de 3 por ciento para el próximo año.

Por el lado del gasto, considerando lo ya externado por el Secretario de Hacienda, en el sentido de que el gasto público de verá presionado al cierre del sexenio por los sobregiros, principalmente de la refinería Olmeca y del Tren Maya, aunado al mayor servicio de la deuda, y del crecimiento natural en el gasto inercial, como las pensiones, el déficit presupuestal sería mayor, y por ende, los requerimientos de mayor endeudamiento, cantidad que fácilmente superaría el 5 por ciento del PIB para el próximo año, con un piso de un billón y medio de pesos.

De tal suerte, el cociente de la deuda pública oficialmente reconocida, medido no con relación al PIB, sino como porcentaje de los ingresos propios de libre disposición del sector público presupuestal, se acercaría al 300 por ciento.

Finalmente, se perfila que en 2022, ni con los precios del petróleo cerca de los $100 dólares, fue posible detener el continuado deterioro en finanzas públicas, en buena medida porque el Gobierno confió en los irreales ingresos excedentes petroleros que se proyectaron, y como oportunamente se advirtió, no iban a materializarse, ya que para Pemex, el mayor pago de derechos, así como el mayor costo de las importaciones de gasolinas, consumiría los mayores ingresos, mientras que el mayor pago de derechos petroleros que recibió el Gobierno Federal, lo gastó en un estímulo fiscal regresivo a las gasolinas y al diesel.

La terca realidad siempre termina por imponerse a todos los intentos por ocultarla, en este caso, para pretender mostrar unas supuestas finanzas públicas sanas y disciplinadas, que ya solo son “sanas” en el discurso oficial.

Un mayor riesgo, por supuesto, sería que este deterioro en la ya precaria salud financiera del gobierno federal, conduzca a la pérdida del grado de inversión de los valores gubernamentales, y a una crisis financiera de fin de sexenio, cosa que por supuesto, nadie desea.