En el informe de la evolución de la economía y las finanzas públicas al mes de Julio de este año, publicado hace unos días por la Secretaría de Hacienda, se revela que el saldo de la deuda pública bruta del sector público federal presupuestal, al mes de Julio del año pasado, era de $14.7 millones de millones de pesos, mientras que ese saldo, al mes de Julio de este año, se incrementó a $17.1 millones de millones de pesos, lo que representa un aumento de $2.4 millones de millones de pesos en los últimos doce meses, cantidad que equivale al 7.3 por ciento del PIB, mientras que el saldo de la deuda total a Julio representa el 52 por ciento del PIB.

Como ya lo he apuntado en notas anteriores, ese saldo de deuda bruta que reporta como “oficial” la Secretaría de Hacienda, NO INCLUYE la deuda del IPAB, la cual supera ya el millón de millones de pesos, así como tampoco la deuda del FARAC, el fideicomiso de los rescates carreteros, cuyo saldo ronda el medio billón de pesos, ambas deudas 100 por ciento públicas y cuyo costo de intereses se encuentra contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con lo que el saldo de la deuda financiera del Sector Público Federal, en realidad, se ubica en unos $18.6 millones de millones de pesos, equivalentes a un 56.4 por ciento del PIB al mes de Julio de este año.

También he comentado que el dato de deuda pública FEDERAL, como lo reporta la Secretaría de Hacienda, NO SIRVE O NO APLICA para hacer comparaciones internacionales sobre el cociente de deuda pública de cada País, como porcentaje del PIB, primero, porque la metodología que debe aplicarse, que es la establecida y avalada por el Fondo Monetario Internacional, señala que se debe reportar la deuda pública TOTAL del País, no solo la FEDERAL, y que debe incluir todas las obligaciones de pago, como las pensiones, por ejemplo, a cargo de los diferentes órdenes de Gobierno, como lo reportan los demás Países, y no solo la deuda financiera.

Es decir, la Secretaría de Hacienda compara peras con manzanas en esta materia, y utiliza esta información de manera dolosa, para afirmar, (y vender la idea) que la deuda pública de México, comparada con la de otros Países, es muy baja y por ende, tiene mucho margen para ser aumentada, sin riesgo ni preocupación alguna, lo cual es totalmente falso, ya que si se calcula el saldo de la deuda pública TOTAL, incluyendo la de los tres órdenes de gobierno, así como el pasivo pensionario a cargo de todos ellos, nuestro cociente de deuda pública a PIB se ubica en más de un 110 por ciento del PIB.

Por otro lado, los organismos financieros internacionales fallan al construir indicadores como el aquí comentado, porque comparar la deuda pública de los Países, medida como proporción del PIB, no es un indicador ni de solvencia financiera ni de liquidez de los gobiernos, ya que el PIB que se genera en cada País, NO ES ACTIVO NI PROPIEDAD DE LOS GOBIERNOS DE CADA PAÍS.

De tal suerte, lo correcto y lo conducente, en todo caso, es calcular los cocientes de la deuda pública de cada País, como proporción o porcentaje de los ingreso propios de cada uno de los entes gubernamentales, y más concretamente, de los ingresos propios de libre disposición, es decir, los ingresos propios que no tiene etiquetado un destino de gasto específico, tal y como la Ley de Disciplina Financiera lo hace para el caso de las obligaciones de pago de los gobiernos sub nacionales en México.

Si se elabora este indicador para el caso específico del Gobierno Federal en México, lo que se tiene es que el saldo de la deuda bruta que reporta al mes de Julio de este año, comparado con los ingresos de libre disposición contemplados en LIF 2024, es de casi 400 por ciento, es decir, la deuda con la que cerrarán las finanzas públicas federales en esta administración, equivaldrá a sus ingresos propios de libre disposición de al menos CUATRO AÑOS.

Es decir, si al Gobierno Federal se le aplicaran los mismos indicadores del semáforo de la deuda que se le aplica a los Estados y Municipios, no se les debería autorizar NI UN SOLO PESO DE MÁS DEUDA, cuando en LIF 2024 se les autorizó contratar MÁS DEUDA por un monto superior a los $2.5 millones de millones de pesos, ya que al Gobierno Federal no se le aplica la misma regla de medir.

Entonces, se cumple el adagio de que se haga la voluntad del Señor, en los bueyes de los Estados.

Para corregir esto, tienen la palabra los señores legisladores, aunque controlados ahora por el partido en el poder, nadie osará ponerle freno al crecimiento desmedido de la deuda pública federal.