El 27 de abril del 2016, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, misma que el día 30 de enero del 2018 fue reformada, tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

La presente Ley, es una respuesta a los altos niveles de endeudamiento de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que al encontrarse en estas condiciones, nos les permitía garantizar finanzas sanas para dar cumplimiento a las necesidades que demanda la ciudadanía.

Consta actualmente de 65 artículos, cinco títulos y sus transitorios, siendo  el título primero, el destinado al objeto y sus definiciones, el título segundo a las reglas de disciplina financiera, el título tercero aborda la deuda pública y las obligaciones, el  título cuarto corresponde a la información y rendiciones de cuentas y por último en el título quinto, se señalan  las sanciones.

Podemos describir que esta Ley centra su desarrollo en cinco ejes que son: Reglas financieras, sistema de alertas, procesos competitivos para la contratación de la deuda, deuda estatal garantizada y el registro público único (RPU).

A su vez, mandata que los sujetos obligados, administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Así mismo, nos define la Disciplina Financiera como la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad del sistema financiero. Estas acciones legislativas, sin duda, a lo largo de estos años han contribuido a que las Entidades Federativas y los Municipios, cuenten con reglas y criterios que permitan el buen manejo de sus finanzas y por consecuencia el mayor beneficiado es la ciudadanía, al tener mejores administraciones públicas que satisfagan sus necesidades y fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas.