Un cambio a la Ley de Ingresos de la Federación para 2024, se originó por el ajuste a la baja en el Derecho de Utilidad Compartida que paga Pemex, el cual se disminuyó del 40% actual, a 30% a partir de 2024, menos de la mitad de la tasa de 65% que se cubría al inicio de esta administración, siendo este Derecho la principal fuente de contribuciones que cubre Pemex al erario Federal.

En efecto, en 2019 el Derecho de Utilidad compartida era del 65%, el cual se redujo a 58% en 2020, a 54% en 2021, a 40% en 2022, y para 2024, ya está aprobada la tasa del 30%, y sin embargo, a pesar de esta gran reducción, de 54% en el principal Derecho a su cargo, la empresa sigue requiriendo importantes apoyos financieros por parte del Gobierno Federal, (mismos que se contabilizan como “ingresos propios”) y aún así, sigue reportando grandes pérdidas contables.

En efecto, de acuerdo con los estados financieros presentados por Pemex, al tercer trimestre de este año, reportó una pérdida de $79,134 millones de pesos, 52% superiores a las pérdidas reportadas en el tercer trimestre del año pasado, a pesar del menor pago de Derechos y los apoyos financieros del Gobierno Federal.

Si no se consideran los apoyos financieros que le proporciona el Gobierno Federal, y se realiza un cálculo comparable de la carga fiscal, la pérdida contable sería cercana a los $300 mil millones de pesos, a pesar del favorable precio del crudo que ha prevalecido este año.

En buena medida, estos desfavorables resultados financieros explican la moratoria actual en el pago a sus proveedores, ya que con las actuales tasas de interés, y su deteriorado perfil crediticio, se acrecienta el costo del dinero, y deciden mejor dejar de pagar, sin importar las consecuencias en la salud financiera de sus proveedores.

Si consideramos que la extracción y venta de petróleo crudo, es la actividad rentable que le proporciona buenas utilidades a Pemex, la refinación le genera pérdidas tales, que absorben esas utilidades y pintan de rojo el resultado final, por lo que pretender dejar de exportar petróleo crudo, para refinar toda la producción y reducir la dependencia en la importación de gasolinas, conduciría a irremediablemente a mayores pérdidas, por lo que resulta inexplicable esta pretensión del Ejecutivo Federal.

Por otro lado, si consideramos que no se ha podido incrementar la plataforma de extracción de crudo, lo que impide el crecimiento real de las ventas y de los ingresos, el colapso financiero de Pemex, es solo cuestión de tiempo, si no se reducen drásticamente los costos de refinación y de operación, y se rescata financieramente a la empresa, cuyo pasivo bancario es comparable al valor de sus activos.

Si bien el pasivo bancario de Pemex se ha mantenido durante esta administración, gracias principalmente a las inyecciones de recursos del Gobierno Federal, que habrán de llegar al billón de pesos durante este sexenio, y que han evitado la necesidad de pedir más deuda, es imperativo reconocer que la actividad de refinación es la que debe ser replanteada y reestructurada, ya que es la generadora de las pérdidas operativas, y sin esto, cualquier plan de rescate será inútil, ya que es necesario eliminar la fuente generadora de los resultados negativos.

Regresando a la Ley de Ingresos para 2024, la reducción en el pago del Derecho de Utilidad Compartida, se tradujo en una reducción en los ingresos petroleros del Gobierno Federal del orden de los $25.4 miles de millones de pesos, producto de menores transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, merma que a su vez fue compensada con mayores ingresos propios de Pemex, ya que al pagar menos Derechos, esos ingresos ahorrados le quedan disponibles a la empresa, por lo que esta modificación no alteró los ingresos totales contemplados en LIF, de $9.1 billones de pesos.

Sin embargo, como el pago de derechos petroleros es la principal fuente de recursos para fondear las transferencias que hace el Fondo Mexicano del Petróleo a la TESOFE, las que a su vez forman parte de la Recaudación Federal Participable, (RFP) ésta última se reduce en $20.4 miles de millones de pesos, ya que las transferencias no son participables al 100%, por lo que las participaciones a Estados y Municipios (Ramo 28) así como las Aportaciones (Ramo 33) asociadas al monto absoluto de la RFP, se ajustan a la baja, y se liberan recursos en el PEF, para ser reasignados a otros fines.