Según la Secretaría de Hacienda, para el cierre de 2023, el saldo de la deuda pública federal, como porcentaje del PIB, será de solo 46.3%, y si consideramos que ellos mismos estiman un PIB nominal de $31,963 miles de millones de pesos, se deduce entonces que para diciembre, el saldo de la deuda sería de $14.8 billones de pesos, cuando a Julio de este año este saldo era de $14.7 billones, pero faltan por colocar más de $700 mmp para financiar el déficit financiero con el que estiman cerrar.

Es decir, es evidente que la cuenta simplemente no cuadra, y más si se considera que el PIB nominal que ellos utilizan, es una “estimación propia” que NO guarda correspondencia con el publicado por el INEGI, y por supuesto, está sobre estimado.

Utilizando el dato oficial del INEGI del PIB nominal para 2022, y aplicando el deflactor estimado por Hacienda para este año, así como el crecimiento real contemplado, el PIB nominal sería de $30,805 mmp y no de $31,963 mmp como lo contempla Hacienda, por lo que el verdadero cociente de deuda a PIB para 2023, ajustando el monto del endeudamiento y el PIB nominal, sería de 50% y no de 46.3%.

Para 2024, si se llega a aprobar que contraten más deuda por $2.5 billones de pesos, como lo solicitan en el artículo 2 de Ley de Ingresos, y el PIB nominal crece como lo proyectan, este saldo de deuda a PIB se iría al 54%, y no a 48.7% como lo calculan, y el saldo de la deuda alcanzaría los $18 billones de pesos, cuando esta administración la recibió en $11 billones de pesos, es decir, la deuda aumentaría en $7 billones de pesos en este sexenio, un aumento de 64%, por lo que insistir en que la deuda NO HA AUMENTADO, raya en la paranoia.

Sin embargo, como lo he comentado anteriormente, el saldo de la deuda que consigna la Secretaría de Hacienda, NO corresponde con el que debería de reportar, apegándose a la metodología de los organismos internacionales, ya que debería incluir también la deuda de las pensiones no contributivas a cargo de los tres órdenes de Gobierno, que en el caso del Gobierno Federal, la autoridad estima que estos pasivos pensionarios a su cargo suman el 38.1% del PIB, así como las deudas de todos los órdenes de gobierno, y no solo del sector público federal, por lo que en realidad, las comparaciones que hacen contra otros Países, comparan peras con manzanas, ya que nuestra deuda, bien calculada, supera el 100% del PIB.

Finalmente, también he comentado que no tiene ningún sentido ni utilidad práctica comparar las deudas públicas contra el PIB de cada país, ya que lo verdaderamente representativo, es comparar las deudas, así como sus servicios, contra la capacidad de pago de los gobiernos, es decir, contra sus ingresos propios disponibles o contra la recaudación de impuestos, lo que sí proporciona más elementos para el análisis y la evaluación financiera de los gobiernos.

En el caso del Sector Público presupuestal, para 2023, el saldo de la deuda bruta debe estar cerrando en $15.4 billones de pesos, considerando el déficit financiero que estima Hacienda y que debe ser financiado con más deuda, mientras que los ingresos presupuestales los proyectan en $6.9 billones de pesos por lo que la deuda equivale a 2.23 años de ingresos, cuando para la Ley de disciplina financiera de estados y municipios, si la deuda supera el 100% de los ingresos de libre disposición, el semáforo ya está en observación, y se limita la deuda nueva que se puede contratar, a solo el 5% de los ingresos propios.

Si a la Federación se le aplicara la misma Ley de disciplina financiera que se le aplica a los gobiernos locales, solo podrían contratar $345 mmp para 2024, y no $2.5 billones de pesos, solo un 13.8% de lo que están solicitando de mayor de deuda.

Haciendo el anterior ejercicio solo para el Gobierno Federal, excluyendo a los organismos y empresas, así como a las empresas productivas del estado, la deuda bruta total asciende al mes de Julio a $12.3 billones de pesos, y considerando el déficit financiero programado, debe cerrar el año alrededor de los $12.7 billones de pesos, mientras que los ingresos propios de libre disposición, (excluyendo las participaciones del ramo 28 a estados y municipios), suman solo $3.6 billones de pesos, lo que arroja que el Gobierno Federal debe el equivalente a sus ingresos de libre disposición de 3.5 años, y si le autorizan contratar los casi $2.4 billones más de deuda que pretende, debería el equivalente a 4.2 años de ingresos propios, ¿así o más quebrado?

Estos son los indicadores y los cocientes que en realidad son relevantes para evaluar la salud financiera de los gobiernos, y no compararlos contra el PIB, ya que la capacidad de pago se asocia a los ingresos generados, no al tamaño de la economía.